La Diócesis de Torreón emitió un comunicado dirigido a la población católica de la ciudad , en la que aclara que un hombre identificado como José (Tadeo) Rivas de la Torre, quien ha aparecido en medios de comunicación realizando ceremonias religiosas, no es sacerdote católico ni está en comunión con la Iglesia.
En el documento oficial, firmado por el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, se precisa que el ministro en cuestión tampoco mantiene vínculo con el Papa ni con la diócesis local, y que sus actividades han generado confusión entre feligreses que han presenciado o buscado sus servicios religiosos.
La Diócesis destaca que José Rivas ha celebrado sacramentos, funerales y otros trámites que han llegado incluso a algunas parroquias mediante documentos firmados por él, los cuales carecen de validez dentro de la Iglesia católica.
Esta situación ha provocado molestia y sentimientos de engaño entre personas que creyeron estar realizando actos plenamente reconocidos por la institución católica.
Sin cuestionar la libertad religiosa ni el derecho de cualquier persona o comunidad a ejercer su fe, la autoridad eclesiástica explica que la figura de José Rivas está vinculada a diferentes denominaciones ortodoxas, sin claridad sobre su pertenencia actual.
Aunque él afirma formar parte de la Iglesia ortodoxa ucraniana, la Misión Ortodoxa de la Protección de la Santísima Theotokos, encargada de la atención pastoral de fieles ortodoxos en Torreón, notificó que no pertenece a dicha congregación.
La Diócesis subraya que esta advertencia no busca juzgar ni interferir en el estatus legal del ministro ni de su comunidad, los cuales estarían constituidos formalmente ante las autoridades civiles.
El propósito, dicen, es evitar confusiones, especialmente entre personas que desconocen que las ceremonias que solicitan no tienen validez dentro de la Iglesia católica.
El comunicado concluye reiterando el respeto a la libertad religiosa y recordando que cada persona es libre de elegir y practicar la fe que desee, pero subraya la importancia de que esa libertad no se ejerza “a costa de la verdad”, especialmente cuando pueden verse afectados creyentes que buscan acceder a sacramentos o trámites religiosos con la convicción de estar dentro de la institución católica.